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Nacional

Replantear a la 4T desde lo local

Por Fidel Ibarra López

El verbo “replantear” convoca a “ajustar” aquello que se debe “ajustar” de un proceso –del orden que sea, económico, político, social, etc.-, dadas las fallas que está presentando. Y en el caso de la 4T, en efecto, se deben ajustar varios procesos, pero no observo condiciones para que ello tenga lugar. ¿La razón? Lo digo con un argumento de Morin: no hay sensibilidad para las contradicciones. Lo cual bien se puede leer de la siguiente forma: no se identifican y, por ende, no se ajustan las contradicciones internas que el ejercicio del poder genera en los diversos procesos que se gestionan en el marco de la 4T. Se gobierna –por decirlo de una forma- mirando hacia el frente y no se revisa hacia atrás, ni a los costados, lo que el ejercicio de gobierno está generando.

El ejercicio del poder, para citar nuevamente a Morin, tiene que ver con la ecología de la acción. Me explico: la acción –afirma el filósofo francés-, es decisión, elección y también una apuesta. Y tan pronto como un individuo emprende una acción, ésta empieza a escapar a sus intenciones, porque entra en un universo de interacciones entre una cantidad heterogénea de individuos. Lo cual obliga a seguirla, a intentar corregirla (si hay tiempo) y, en ocasiones, a destruirla, para enmendar los costos que la decisión genera. En ese sentido, la ecología de la acción consiste en tener en cuenta su propia complejidad; es decir, el riesgo, lo inesperado e imprevisto que se puede presentar en lo concerniente al ejercicio de la acción. (Morín, 1999).

Si se traslada el párrafo anterior al análisis del ejercicio del poder, se puede inferir que éste demanda de una vigilancia constante y permanente para evitar –en la medida de lo posible- las desviaciones con respecto al propósito original que se pretendió al momento que se hizo la toma de decisiones. Esto último es lo que no se observa en la 4T a nivel federal. No hay ese proceso de vigilancia que ajuste las contradicciones. Y, al final del día, lo que la ciudadanía termina observando es la desviación del proceso. Lo cual repercute en la legitimidad de la 4T.

Ahora bien, en el título se habla de “Replantear a la 4T desde lo local”. Y aquí he de hacer un alto, para señalar lo siguiente: ¿por qué plantear un título con ese alcance? Porque hay varias agendas donde se le debe ajustar la plana al presidente. ¿En cuáles? En el tema económico, por ejemplo. La inversión no está fluyendo en nuestro país. INEGI revela que la inversión fija bruta de abril cayó 0.9% con respecto al mes de marzo de este año; pero en comparación, es 16% menos con respecto al 2018. Para ponerlo en perspectiva –y para ello cito a Enrique Quintana-, para regresar al punto donde estábamos hace tres años, la inversión debería crecer a 19.5% cada año. O si se gusta, recurrimos a un ejemplo del propio del autor, para situar en su justa dimensión el problema: la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía va a tener un costo de 80 mil millones de pesos. El crecimiento de la inversión que se requiere para regresar a los niveles del 2018, es equivalente a la construcción de 11 aeropuertos de Santa Lucía. ¡De ese tamaño es el boquete!

De lo anterior, se desprende lo siguiente: la 4T no está atrayendo inversión. Y ninguna economía del mundo, puede generar estadios de desarrollo en el mediano y largo plazo sin la inversión privada. Ninguna. En esta agenda, por ejemplo, es por donde se puede ajustar la 4T desde lo local. Los 11 gobernadores que recién obtuvieron el triunfo el pasado 6 de junio, le pueden contribuir a la 4T con el tema de la inversión. Y para ello, deben replantear las coordenadas económicas que ha planteado el presidente en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y el replanteamiento de las coordenadas pasa por la política económica y las políticas públicas. Allí está el quid del asunto. ¿Por qué? Porque la 4T no tiene claridad en las líneas de la política económica. Cuando el presidente habla de economía, termina aludiendo a ésta en términos político-ideológicos; pero no en términos de política pública. Ergo pues, el tema termina cayendo en la nebulosa de la “ideología”.

La seguridad, es otra agenda que demanda replanteamiento. Y aquí se debe señalar lo siguiente: si bien hay delitos del orden federal donde los gobiernos locales no tienen injerencia alguna, se tienen en contraparte, los delitos del orden común donde la presencia del gobierno debe hacerse patente. ¿Y en dónde está el replanteamiento en la agenda de seguridad? En demostrar una política de Estado frente al tema de la inseguridad. La política de “abrazos, no balazos” se ha dinamitado ante el poderío que muestran los distintos cárteles delictivos en diferentes estados de la república. La frase de “abrazos, no balazos”, significa que no se va a usar la fuerza del Estado para hacer la guerra a las bandas delictivas, para evitar con ello el derramamiento de sangre. No obstante, en el ejercicio de esa política está invisibilizándose el Estado. Y no sólo para el caso de los delitos federales, sino también en los delitos que afectan directamente la propiedad y seguridad de los ciudadanos en el espacio local. Delitos como el robo a cada habitación, el robo de vehículos y el de los negocios. En este tipo de delitos, es donde los gobiernos locales deben asumir una política de Estado. Dicho, en otros términos, la política de “Abrazos, no balazos” en ningún momento debe representar un escenario de “orfandad del Estado hacia el individuo”. Si eso llegase a ocurrir, significaría que nos encaminaríamos hacia un estado anómico, donde prevalecería la ley del más fuerte. Es ahí, precisamente, donde cobran relevancia los gobiernos en los estados.

Asimismo, se tienen otras agendas, donde los gobernadores electos le puede contribuir a la 4T. La agenda de salud, por ejemplo, la educativa y el combate a la desigualdad y la corrupción. Y hay otras más, donde no se puede transformar el statu quo, como el caso de la relación poder político-fuerzas armadas. Este tema es estrictamente del orden federal. Pero en todas las agendas señaladas, la contribución puede ser sustantiva desde los gobiernos locales.

Así pues, desde el poder político local se puede replantear la 4T ahí donde se está fallando en el ejercicio del poder. Y, así también, se puede contribuir en aquellas agendas que son distintivas de la 4T, como el caso de la agenda social. 

A mitad de sexenio, son evidentes las fronteras del proyecto de gobierno de la 4T. Si se quiere dar continuidad al proyecto del 2024 en adelante, es imperativo que desde el 1 de noviembre se empiece a oxigenar el proyecto desde lo local. Si no se hace, el costo puede ser importante en el 2024.

Nacional

El regreso a las escuelas “es obligatorio”

Por Fidel Ibarra López

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 23/08/21 donde se presentan los lineamientos para el regreso a las clases presenciales. Es a partir de este documento oficial, que se puede realizar un análisis con la seriedad debida, sobre el regreso a las escuelas que están planteando las autoridades educativas. Y discernir a partir de lo anterior, los costos que se deprenderán con la implementación de los lineamientos referidos.

Para tal efecto, parto de lo siguiente: el argumento que se utilizó en lo público para fundamentar la reapertura de las escuelas, es que el regreso iba a ser presencial, seguro, voluntario y escalonado. Ese era el concepto que se adujo en lo público; pero si se revisa el documento de marras, se identifica que ahora se plantea que el regreso será presencial, responsable y ordenado. Se borró del mapa el término voluntario. De hecho, de las 7 mil 16 palabras que componen el Acuerdo, solamente se menciona dos veces el término “voluntaria” –ya no voluntario-. Y se menciona en páginas interiores. Lo cual significa que se cercenó el concepto original en aras de ajustar la fundamentación para encuadrar los lineamientos para el regreso al modelo presencial.

El otro término que se borró es el concepto de “seguro” y se cambió por el de “responsable”. El primero implicaba garantizar un marco de seguridad para los maestros y los alumnos, lo cual no era del todo fácil. El segundo conlleva el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Acuerdo. Lo cual significa que es un término más ad hoc para lo que se demanda, puesto que la responsabilidad se enmarca en lo referente al cumplimiento de nueve acciones de carácter sanitario, que se pretenden desarrollar para el regreso a las escuelas.  En lo que respecta al regreso a las aulas entonces, se cercenó el concepto original con miras a ajustar un documento a una decisión política por parte de las autoridades educativas.

El otro factor a destacar, es que se declara desde el inicio del Acuerdo que el modelo con el cual se va a iniciar el ciclo escolar, es con el modelo presencial. Y eso no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque significa que se elimina la posibilidad de desarrollar un proceso de innovación educativa que nos pudiera permitir en el futuro inmediato enfrentar, por ejemplo, un escenario -como lo hemos señalado en este espacio- donde la pandemia se constituyera en una enfermedad endémica; es decir, en una enfermedad que nos afectara de forma permanente, como sucede con el caso del VIH. Si eso ocurre, no podremos hacerle frente –en términos educativos- con el modelo presencial, porque sería de suma riesgoso mantener a los niños en las escuelas. Necesitamos otro modelo educativo –como el caso del modelo mixto e híbrido-; pero esa posibilidad se cerró en el actual ciclo escolar. Y se dejó en claro que la única vía para atender la gravedad del problema educativo es el modelo presencial. Lo que es lo mismo a decir que se recurrió al pasado para atender un problema del presente y del futuro. Lo cual es un craso error. En el fondo, no se acepta que la escuela que conocimos hasta febrero del 2020 ya no existe. Que se tiene que reinventar, si se pretende mantener en pie. Empero, en lugar de ello, se “asumen riesgos” al pretender implementar un modelo educativo presencial en el momento más inadecuado.

Hagamos un alto hasta aquí, para plantear la interrogante que más interesa a los padres de familia:  ¿qué pasa si un padre de familia no quiere llevar a sus hijos a la escuela? Para tal condición, se afirma que se podrá “inscribir o reinscribir –el alumno- en el grado educativo que corresponda”. Y cito: “Una vez que se incorpore a las clases presenciales se realizará una valoración diagnóstica con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar”. Pero, ¿qué maestro acompañará el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese alumno que no asistirá a las clases presenciales? De eso no se especifica nada en el documento. Solamente se señala que “se continuará ofreciendo el servicio público educativo mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como el uso y aprovechamiento de programas de educación a distancia como “Aprende en Casa”, “Jóvenes en TV”, “Bachillerato en TV” y otras estrategias desarrolladas por las comunidades escolares”. Y se señala que “Las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, los Asesores Técnico Pedagógicos y los equipos técnicos, podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial”. ¿Qué decir de lo anterior? Eso de brindar seguimiento “dentro de las posibilidades” se lee como un “hagan lo que puedan”; es decir, no marca un compromiso, ni tampoco una responsabilidad.

En ese sentido, si no se establece con claridad cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños que no van a ser enviados por sus padres a las clases presenciales, se infiere que esos alumnos “quedarán a la buena de Dios”, pues no habrá quien les dé seguimiento debido a que el maestro titular estará atendiendo a los niños que acudan a las clases presenciales. Bajo esas condiciones, estamos ante un escenario donde se les está obligando a los padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela, si es que quiere que su hijo tome las clases en el ciclo escolar. Ese es el punto central en todo este entuerto.

Ahora bien, ¿qué costos educativos y sanitarios se pueden generar con todo este embrollo? Si millones de niños no son enviados por sus padres de familia a las escuelas, y si no hay un seguimiento del proceso de aprendizaje de esos niños, el resultado -en términos de aprendizaje- podría ser catastrófico. Pero la parte que más preocupa es lo referente a la salud. Mientras que el Ministro de Salud en Cuba -por poner un comparativo- José Ángel Portal Miranda, declara que la variante Delta “es considerada la variante más contagiosa con un 64% de incremento frente a la variante Alfa, que es entre 40 y 50% más transmisible respecto al virus original de Wuhan”. Y agrega: “¿Qué nos hace falta para entender que los niños no son inmunes ante el SARS-CoV-2?”. La declaración es resultado luego de que en la isla se confirmó la cifra más alta de menores de 20 años contagiados en un solo día: 2,029 casos, y de éstos, 1,915 pacientes se hallan en edades pediátricas. (Juventud Rebelde, 20 de agosto del 2021). ¡Qué discurso tan radicalmente diferente al que se está presentando en México! Acá se declara la educación como actividad esencial -como requisito para regresar a las escuelas- y se afirma por parte de la principal autoridad sanitaria en el país, que las “niñas y niños tienen riesgo ‘casi nulo’ de morir por Covid” (El Financiero, 24 de agosto del 2021). Se minimiza el riesgo y se pavimenta el terreno “conceptualmente” para retornar a las escuelas. Desde nuestra perspectiva, lo adecuado hubiese sido iniciar el ciclo escolar a la distancia mientras se experimentaba en algunas escuelas la implementación de un modelo mixto. Ello daría pauta para regresar a las escuelas de forma escalonada y segura. Sin embargo, se opta por “el trabajo por urgencias”. Y con ello no solamente se cercenan conceptos sino, sobre todo, se privilegia lo inmediato y se deja de lado lo estratégico.

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La farsa del exilio de Ricardo Anaya

Por Fidel Ibarra López

Dos hechos se han presentado en los últimos días. Y ambos hechos pretenden articular las piezas para integrar una imagen: que en México se vive un gobierno apoyado y respaldado por el crimen organizado. Y, además, es un gobierno que persigue judicialmente a sus adversarios políticos. En el caso del primer hecho, se tiene a los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD entregando información al oprobioso Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes sobre la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio pasado. Ese movimiento se me hace del todo “riesgoso” por parte de la oposición, porque en nada abona a la seguridad nacional del país. La debilidad política de México –una debilidad que se viene arrasando desde el sexenio de Calderón- tiene que ver con la inseguridad que genera el crimen organizado. Si el gobierno estadounidense declara como “terroristas” a esos grupos delictivos –como ya lo señaló en algún momento Donald Trump-, se puede ejecutar en México una intervención militar. No es broma. Esa es la amenaza latente que tiene el gobierno de López Obrador. Y el movimiento político de Ortega, Moreno y Cortés abonan el terreno en ese sentido, porque dan elementos para nutrir una narrativa por parte del gobierno estadounidense. Pero están tan desesperados, que parece que prefieren ver arder el país con tal de que López Obrador no siga en Palacio Nacional.

El otro hecho, es el “supuesto exilio” de Ricardo Anaya. Y lo expongo en esos términos, por lo siguiente: la palabra exilio, de acuerdo con el diccionario de la RAE, es la expatriación generalmente por motivos políticos. No es el caso de Anaya. No se va del país por motivos políticos, sino judiciales, por el caso Odebrecht. Y, además, como el propio Obrador lo señala, Anaya trae a cuestas un conjunto de denuncias –en el marco de la corrupción- hechas por los propios panistas. Ejemplos hay varios: las denuncias en el 2018 por parte de Margarita Zavala, Felipe Calderón, Javier Lozano y Gustavo Madero, los cuales acusaron a Anaya de corrupción por la venta de una nave industrial en Querétaro. Otro caso fue el del ex panista Ernesto Cordero, el cual llevó la acusación –este sí- hasta la Procuraduría General de la República (PGR), y la acusación fue por lavado de dinero y tráfico de influencias, acusación que a la postre le costó la expulsión del partido. (Forbes México, agosto 23 del 2021).

“La huida” –una expresión más acorde- por parte de Anaya, se conoció una vez que este la hizo pública a través de un video, luego de haber recibido un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República para presentarse a comparecer el 26 de agosto. Un juez federal del   citó a Anaya a una audiencia inicial para imputarlo por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, luego de las acusaciones que hizo en su contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. (Zeta Tijuana, 23 de agosto del 2021).

Según Anaya, los cargos que se le imputan suman 30 años de prisión. Y representan una venganza política por parte de López Obrador. ¿Es así? Hay una ley fundamental para todo actor político que está en la arena política en la lucha por el poder, y esa ley es la siguiente: la principal defensa de un político es su prestigio. O, dicho, en otros términos, su honorabilidad. Esa condición se constituye en la principal fortaleza de un político, porque es infranqueable ante cualquier tipo de campaña sucia. El problema es cuando un político no pasa la prueba del ácido. Cuando eso ocurre, se vuelve de suma vulnerable. Es el caso de Ricardo Anaya. Su hoja de vida política está muy relacionada con la corrupción y eso lo vuelve vulnerable. En ese sentido, no es pieza para el 2024. Por más que se asuma como perseguido político.

Para Julio Hernández, el papel de Anaya como mártir político es excesivo, insostenible y oportunista. Y su opinión se desprende una vez que analiza el tono, la gesticulación y el libreto que ha mostrado el ex candidato presidencial panista. (La Jornada, 24 de agosto del 2021). Coincido con Julio Hernández. Y agregaría que eso se desprende del hecho de que Anaya está asumiendo un rol político –el de mártir- en aras de atemperar por la vía política, la acción de la justicia. No se puede asumir de buenas a primeras, un rol político para el cual no se tiene un pasado que lo soporte. La historia política de Anaya no tiene que ver con la lucha política. No le tocó vivir los tiempos donde el PAN era una real oposición al PRI, sino los tiempos donde el PAN compartió el poder –y los negocios- con los gobernantes priistas. Lo suyo no fue la lucha, sino el goce del poder. Tanto que hasta sus propios compañeros panistas lo han acusado de “destruir el partido” por sus apetitos de poder.

En suma, lo de Anaya es una farsa. Ni es un perseguido político, ni tampoco tiene la estatura política para constituirse en mártir. Si ese fuere el caso, se hubiese quedado a enfrentar la justicia. Y la cárcel, como bien lo dice Obrador, lo hubiese enaltecido porque se hubiese asumido como un ataque político por parte del tabasqueño. Y la movilización social se haría presente.

Termino con lo siguiente: si alguien sabe de persecución política, ese es López Obrador. Viene padeciendo esa condición desde 1988 cuando decidió ser candidato a gobernador por el Frente Cardenista en Tabasco. Por eso dice que la cárcel enaltece. Pero eso opera para un luchador social, no para un político como Anaya que vio en el 2013, la oportunidad de ser el candidato a gobernador en su natal Querétaro. Y por eso respaldó la reforma eléctrica de Peña Nieto, buscaba apoyo político del presidente. Y a decir de Emilio Lozoya, recibió sobornos para operar la aprobación de la reforma energética. Ese es el punto central que está en la mesa.

Ahora, la Fiscalía lo tiene que probar.

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Regreso a las escuelas SÍ; pero no ASÍ

Por Fidel Ibarra López

¿Se debe regresar a las escuelas? Sí. Los argumentos que validan la afirmación anterior tienen que ver con el factor emocional en los niños; pero, sobre todo, con el tema del aprendizaje. Este último factor es determinante, si se considera el atraso que se ha generado con el modelo de educación a la distancia del gobierno federal con el programa Aprende en Casa. Ahora bien, ¿se debe regresar a las escuelas en este momento? La respuesta es no. No hay condiciones para ello. El país está en una situación crítica por motivos de la pandemia y declarar un regreso a las escuelas en estas condiciones es francamente un suicidio.

Pero detengámonos en lo siguiente: la decisión del presidente de declarar el regreso a las escuelas es seriamente cuestionada no solamente por el tema de la contingencia sanitaria, sino además porque el planteamiento que han expuesto –a través de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez-para retornar a las aulas no genera “certidumbre en los padres de familia”. ¿Por qué? Porque no se observa planeación estratégica alguna. Se indican una serie de medidas preventivas; pero no se profundiza en las medidas de actuación; es decir, se abunda en los protocolos de prevención –medidas sanitarias-; pero se dice muy poco sobre qué va a pasar si un niño resulta contagiado. Lo único que se dice es que: 1) Se va a notificar a la Secretaría de Salud; 2) Se aislará al alumno; y 3) Se analizará a los alumnos que estuvieron en contacto con el niño para darle seguimiento al caso. ¿En qué sentido se le dará seguimiento? Esta pregunta es clave, porque involucra el nivel de responsabilidad que va a asumir el gobierno federal con los padres de familia.

SEP garantiza Programa Estratégico General para el regreso a clases  presenciales

Y lo expongo en esos términos por lo siguiente: si se hace un paralelo con lo que ocurre “a ras de piso” con la pandemia, los ciudadanos están huérfanos en todos los sentidos. Si un individuo resulta infectado, en ese caso cada individuo –y su familia- corre con todos los gastos. Y hacerle frente a la enfermedad, no es del todo fácil. Si se torna grave, la enfermedad le puede arrebatar a la familia los ahorros de toda su vida. Y en ese proceso, no hay Estado –en los tres niveles- que lo auxilie. ¿Pasará lo mismo en el caso de que un niño se infecte? Aquí hay necesidad de utilizar otro paralelo: Si nos remitimos a la declaración del presidente en torno a una segunda dosis de la vacuna Cansino a los maestros, la respuesta es SÍ. No pretende invertir en una segunda dosis, porque asegura –con el aval del Subsecretario de Salud- que las farmacéuticas quieren hacer negocio. Cuando desde hace varios meses los científicos cubanos han afirmado que se requería una tercera dosis para enfrentar la variante Delta.

Ahora bien, la pregunta básica en este caso es la siguiente: si la intención era regresar a las escuelas en este próximo ciclo escolar –para que no se perdiera otro año escolar, como afirma la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez-, ¿por qué no se prepararon? ¿Por qué no atendieron las escuelas en su momento? ¿Por qué no se avanzó con una segunda dosis de vacunación a los maestros? ¿Por qué no se avanzó en la vacunación de los niños y adolescentes? En ninguno de los tres puntos se avanzó. Antes bien, la agenda del regreso a las escuelas se empezó a mover hasta que el presidente López Obrador dio la declaración referente al regreso a las escuelas –“lloviera, tronara o relampagueara”, 25 de julio del 2021-, y es a partir de ese momento que se movió la agenda educativa. Y es a partir de ese momento también que se empezó a “trabajar por urgencias” –como es la costumbre en nuestro sistema educativo- en torno a ese cometido y se empezaron a hacer los “amarres” políticos para que el cometido tuviera lugar. Me refiero en concreto, al caso del SNTE, que ha dado su aval y de una forma ominosa: hace un llamado a los maestros a que regreses a las aulas y “justifiquen el sueldo”. Una declaración ominosa y poco honesta hacia los maestros. A ese nivel está en SNTE en estos tiempos.

Por otra parte, la vía para regresar a las escuelas se viene trabajando desde el año pasado por parte de instituciones como la Unicef y la UNESCO. Ambas instituciones han planteado lineamientos donde se expone un regreso a las aulas dividido en tres partes: a) Antes de la reapertura; b) Parte del proceso de reapertura; y c) Una vez reabiertas las escuelas. Para los fines del presente artículo, me detendré en el primer punto, por lo que involucra en lo referente al proceso de planeación del regreso a las aulas.

En el caso del primer punto, la UNESCO y la Unicef plantean lo siguiente: 1) Que se deben establecer políticas para proteger al personal, los docentes y los estudiantes, y la vía para hacerlo, en el caso de nuestro país, es a través de la vacunación-. 2) Definir un marco de financiamiento para reactivar las escuelas –gasto en agua y saneamiento e higiene-. En el caso de nuestro país, algunas escuelas requieren más que agua y jabón, porque han sido vandalizadas. ¿Y se ha destinado financiamiento para ello? A lo sumo, lo que están entregando a las autoridades escolares es un “kit de limpieza”, que consta de unas cuantas escobas, trapeadores y recogedores. Y algunos galones de cloro, aromatizante y una bolsa grande de jabón. El kit se complementa con dos pistolas para tomar la temperatura, cubrebocas y algunos trapos para la limpieza. Es todo. ¿Es suficiente? Para nada. ¿Y quién va a cubrir el resto? Los padres de familia. ¿Qué significa entonces? Que se declaró el regreso a las escuelas sin considerar de fondo, el tema del financiamiento. Eso correrá por parte de los padres de familia; 3) Ofrecer a los maestros y a los dirigentes escolares apoyo y formación a distancia. Este punto es clave, porque hay una base importante de maestros que no han tenido la experiencia de enseñar a la distancia, porque toda su vida profesional han trabajado con el modelo presencial. Sin embargo, en esto tampoco se avanzó en el ciclo escolar anterior y, por tanto, persiste un déficit importante en esta materia. Integro un último punto: Proporcionar financiación directa a las escuelas más gravemente afectadas por la crisis, donde se priorice a los más marginados. Este es otro punto clave, porque representa la médula de lo que en su momento se denominó como la “Nueva Escuela Mexicana”, porque se aseguró que iba a materializar el derecho a la educación en México y se iba a priorizar a las clases más necesitadas. Hoy, ante el impacto de la pandemia, quien mayormente han sido afectados –en términos de calidad educativa- son aquellos que en su momento se adujo que iban a ser una prioridad.

Unesco y Unicef dicen que reapertura de los colegios no puede esperar -  Educación - Vida - ELTIEMPO.COM

Si se revisa el primer punto del proceso que establece la UNESCO y la Unicef, se observa que, en el caso de México, el regreso a las escuelas se está trabajando por urgencias. Y para los padres de familia, hay más dudas que respuestas. Y ante un escenario donde no priva la planeación, los padres de familia –hasta este momento- están optando por no enviar a sus hijos a la escuela.

El presidente afirma que, en el regreso a clases, “tenemos que correr riesgos”; pero los riesgos se corren cuando no se planea. Y, además, la expresión “tenemos que correr riesgos” involucra un “nosotros”, ¿y quién representa ese “nosotros” ?, a los niños, los padres de familia y los maestros. En ese “nosotros” no se incluye a las autoridades educativas, ni a los dirigentes sindicales. Solamente la triada maestros-alumnos-padres de familia. En ese sentido, no me parece que haya reciprocidad.

En suma, ¿es necesario regresar a aulas? Sí, pero no como lo está planteando el gobierno federal. No hay certidumbre. De parte del presidente se entiende su postura: si no se regresa a las escuelas, los niños podrían perder otro año escolar y eso sería desastroso –en términos políticos- para su gobierno. Y, por otra parte, tampoco puede declarar la apertura de las escuelas hasta que haya semáforo en verde. Y no lo puede hacer, porque para arribar a semáforo en verde conlleva aplicar medidas de control de la movilidad social, así como cerrar ciertos sectores de la economía. Y no lo puede hacer, debido a que la economía ha sido severamente golpeada. Y otro año sin crecimiento económico –ya van dos consecutivos- igualmente sería desastroso. Ergo pues, se declara la apertura de las escuelas independientemente de las condiciones que marca la pandemia.

En este escenario, el presidente tiene sus razones para “empujar” la apertura de las escuelas. Y los padres de familia tienen las suyas. Y una de esas razones tiene que ver con lo que han vivido en carne propia con la pandemia. Si alguien ha vivido en corto el drama que representa enfrentar la enfermedad o la pérdida de un familiar, sabe que no va a correr ese riesgo con sus hijos. Así de simple.

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