Por Fidel Ibarra López

El dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, compartió recientemente en sus redes sociales una postal donde se aprecia la presencia de diez regidores que van a asumir su función el próximo 1 de noviembre en el Ayuntamiento mazatleco. Dentro de esos regidores se encuentran regidores del PAS, del PRI, del PAN, de MC, un regidor de Morena y un regidor del partido que perdió el registro Fuerza por México. La imagen es producto de una reunión donde los regidores se convocaron para definir el tema de las comisiones. Y en esa reunión se presentó el líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Y la imagen tomó un matiz distinto, porque representa un mensaje político directo al alcalde mazatleco, Luis Guillermo Benítez Torres, porque si el cabildo se compone de 12 regidores, en esa reunión se concentraron 10 de ese total. Lo cual significa que todo lo que se tenga que aprobar, debe pasar por esos 10 regidores. Y si se ubican todos ellos en un marco de oposición al alcalde, entonces será muy difícil para este último garantizar un marco de gobernabilidad en su gobierno.

Y la pregunta obligada es la siguiente: ¿por qué llegó a este nivel la situación? Y la respuesta es obvia: por la negativa del alcalde de respetar los acuerdos con Cuén Ojeda. Y aquí es necesario apuntar lo siguiente: me da la impresión que el alcalde no comprendió desde el inicio lo que implicaba hacer una alianza con el PAS, ni tampoco lo que implicaba “tratar” con Cuén Ojeda. Quizás por cuenta propia o por la intermediación de terceros, minimizó los costos políticos que representaría el romper los acuerdos con Cuén y el PAS. Y aquí están las consecuencias: de forma por demás hábil y sagaz, Cuén Ojeda le responde con una postal donde la mayoría de los regidores se están de su lado. Y ese es un mensaje de poder político.

Bajo esas condiciones, el alcalde estará obligado –así, con esas palabras, “obligado”- a negociar con Cuén Ojeda, si es que pretende gobernar en los próximos tres años. No obstante, esa negociación será bajo otras condiciones debido a que el alcalde “faltó a su palabra”. Y rompió el marco de confianza que podría haberse establecido entre ambos actores políticos.

Desde mi perspectiva, el alcalde debió de haber atendido de forma estratégica la relación con Cuén Ojeda y el PAS. Por una razón básica: Cuén Ojeda le dobla en experiencia política al alcalde. Después de Juan S. Millán, no hay otro actor político con la habilidad y el olfato político que Cuén Ojeda. Y eso el alcalde lo pasó por alto. Y repito, aquí están las consecuencias.

En su momento, en este mismo espacio señalamos lo siguiente: “…el costo político para el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de no respetar los acuerdos con el PAS, tienen que ver con dos aspectos: La gobernabilidad en el municipio y la confiabilidad del alcalde como político. En el caso del primer punto (…) el alcalde tendría en contra a los regidores pasistas en el Cabildo. No es un asunto menor: esos regidores pasistas podrían articular con los regidores de la oposición, una fracción opositora al alcalde. Y con ello le obstaculizarían el ejercicio de gobierno. Y un presidente municipal que no tiene control del Cabildo, es un presidente municipal que estaría constante y permanentemente en el escrutinio político. Amén de que obstaculizarían las tareas de gobierno. Un escenario así, le absorbería bastante tiempo al alcalde porque le demandaría hacer ‘bastante política’ para llegar a acuerdos con los regidores. Y aquí se tiene el otro problema: la confianza para llegar a acuerdos. En efecto, la negativa del alcalde para respetar los acuerdos con el PAS, le mina el factor de la confianza como político. El PAS no podría siquiera, perfilar la posibilidad de llegar a acuerdos con el alcalde, si persiste un antecedente como el que estamos analizando en el presente texto. Y, al mismo tiempo, difícilmente podría llegar a acuerdos con otros actores políticos si se construye una imagen de un político poco confiable en el entorno político del alcalde”. (Enfoque Informativo).

En el caso del primer punto, ocurrió tal cual lo afirmamos: se articuló la oposición al alcalde. Pero a mayor escala, porque la oposición se articula –según se hace constar- con base en acuerdos y no de forma coyuntural. En ese sentido, se tiene cohesión y con ello, una posición de poder frente al Químico.

El alcalde tuvo tiempo para ajustar y recomponer las cosas, pero no dio un paso en ese sentido. Y ahora la realidad le va a obligar a ubicar los pies en la tierra. Y tendrá que sentarse sí o sí a negociar con Cuén Ojeda. Y reconocer que se equivocó. Si no lo hace, el problema crecerá como “bola de nieve”. Y lo tiene que hacer antes del 1 de noviembre. Si inicia su administración con el problema a cuestas, será un desastre el inicio de su segundo periodo de gobierno.

La realidad le obliga a hacer política. Sin ese instrumento, el alcalde no va a poder ejercer el poder en el Ayuntamiento. Los números no le dan. Se tiene que sentar a negociar con Cuén Ojeda. No hay otra vía.

Por Fidel Ibarra López

Sin haber comenzado su segundo periodo de gobierno, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ya tiene en su haber, un problema de equilibrio de poder. ¿Por qué? Porque para el segundo periodo –a diferencia del primero-, implica cogobernar con el partido que le abrió las puertas para que él pudiera ser el candidato a la presidencia municipal; esto es, con el Partido Sinaloense (PAS). Porque, en términos reales, así fue: Morena la había cerrado las posibilidades al alcalde, y este último decide tocar las puertas del pasismo –un movimiento adecuado, por cierto- para seguir manteniendo abierta la perspectiva de su candidatura para el proceso electoral del 6 de junio. Y el líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, le abre las puertas y lo hace candidato del partido. Y en ese paso, seguramente hubo acuerdos entre las partes. Acuerdos que, según ha trascendido, el alcalde no quiere cumplir. ¿Por qué? Porque conlleva compartir el poder y cogobernar al lado del PAS. ¿Qué riesgos implica, para el alcalde, una situación donde cercene la posibilidad de gobernar con base en los acuerdos previamente establecidos con el PAS? Esta interrogante es la que nos ocupa en el presente artículo. Y para tal efecto, partimos de lo siguiente:

La negativa del alcalde, se debe poner en perspectiva a la posición que está asumiendo el gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Este, al igual que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, llegó a un conjunto de acuerdos con el líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, de cara a la elección del 6 de junio. Y dentro de esos acuerdos estuvo el tema de “compartir el poder”. Y Rocha Moya los está respetando al anunciar que al PAS le corresponderán dos secretarías del gobierno del Estado. ¿Y por qué los está respetando? Porque es un político profesional. Y sabe que es mejor tener al lado al aliado, que tenerlo enfrente como adversario. Al tener(lo) al lado, le permite mantener los equilibrios políticos en el estado y con ello la gobernabilidad. Y, al mismo tiempo, al respetar los acuerdos, Rocha Moya mantiene algo que es de suma valioso en la política: la confianza en su palabra. Este punto es clave: el político que no garantiza confianza –o que resulta ser un político poco confiable-, tiene serias dificultades para mantenerse vivo –en términos políticos- en el escenario político. ¿Por qué? Porque el político profesional, para acceder al poder –o para mantenerse en él-, debe hacer acuerdos –constante y permanentemente- con diversos actores y fuerzas políticas. Y para ese punto, es fundamental la confianza que genere entre las partes para que pueda materializar las negociaciones. Si un político no genera confianza, no podrá acordar con ningún actor político.  Ese es el costo de ser un político poco confiable.

Visto así, el costo político para el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de no respetar los acuerdos con el PAS, tienen que ver con dos aspectos: La gobernabilidad en el municipio y la confiabilidad del alcalde como político. En el caso del primer punto –como ya se vio hace unos días donde se iba a presentar al próximo Secretario del Ayuntamiento ante los próximos regidores y que le hicieron un vacío-, el alcalde tendría en contra a los regidores pasistas en el Cabildo. No es un asunto menor: esos regidores pasistas podrían articular con los regidores de la oposición, una fracción opositora al alcalde. Y con ello le obstaculizarían el ejercicio de gobierno. Y un presidente municipal que no tiene control del Cabildo, es un presidente municipal que estaría constante y permanentemente en el escrutinio político. Amén de que obstaculizarían las tareas de gobierno. Un escenario así, le absorbería bastante tiempo al alcalde porque le demandaría hacer “bastante política” para llegar a acuerdos con los regidores. Y aquí se tiene el otro problema: la confianza para llegar a acuerdos.

En efecto, la negativa del alcalde para respetar los acuerdos con el PAS, le mina el factor de la confianza como político. El PAS no podría siquiera, perfilar la posibilidad de llegar a acuerdos con el alcalde, si persiste un antecedente como el que estamos analizando en el presente texto. Y, al mismo tiempo, difícilmente podría llegar a acuerdos con otros actores políticos si se construye una imagen de un político poco confiable en el entorno político del alcalde.

Ignoro si la postura del alcalde tiene que ver con la asesoría de alguien o parte fundamentalmente de una posición personal. Pero en ambos casos, se hierra en el diagnóstico y se hierra en la línea de acción. El costo político es muy significativo y demanda de la seriedad debida.

Ahora bien, ¿era complejo ejercer el poder en un marco de cogobierno con el PAS? Sí, en efecto. Por dos razones: una, por la propia experiencia política. La idea de cogobierno no es una idea nueva. El concepto ya tiene bastante tiempo en la Ciencia Política. Pero en el ejercicio del poder, es del todo nuevo. No hay experiencia importante en la materia. Y menos en un modelo presidencialista, donde la figura del titular del Ejecutivo representa la figura rectora en el ejercicio del poder. O, dicho, en otros términos, el titular del poder ejecutivo se asume –en los hechos- como el actor político que debe tener el control –total y absoluto- del poder. Y, en ese sentido, la sola idea de “compartirlo” se concibe como una idea de “debilidad”. Y, por ende, genera recelo.

Y en esto último, reside el otro factor importante: la idea de cogobernar, demanda de madurez política y, sobre todo, del ejercicio de la política, o dicho coloquialmente, de mucha política. Y en ese plano, las partes tienen que estar en un proceso constante de negociación para llegar a acuerdos que conduzcan a un ejercicio eficiente y eficaz del poder. Esto último se observa bastante en los regímenes parlamentarios, donde las fuerzas políticas tienen que llegar a acuerdos para armar una coalición con la cual se pueda llegar a hacer gobierno. Pero en México, y sobre todo en los municipios, estas ideas son del todo “nuevas”. Y antes que ponerlas en práctica, se opta por cerrar el cauce para no darle siquiera entrada.

En suma, si el alcalde persiste en mantener su postura frente al PAS, el costo político va a ser importante. Seguramente ya lo ha de haber valorado, por eso ha dado el paso. No me imagino que dio el paso sin haber calibrado lo que le podría ocasionar la situación. Si no lo valoró, está a tiempo de rectificar. El alcalde no puede darse el lujo de construirse una imagen de un político poco confiable. Eso sería tanto como minar su carrera política en el futuro.

Y ningún político hace eso. Al menos no, los políticos profesionales.

Por Fidel Ibarra López

Hay un video que se viralizó en redes sociales donde se observa a varios vehículos “volar” –literalmente- tras pasar un paso peatonal que se construyó frente a un conocido hotel de la zona dorada. El video ha causado cierta molestia entre los ciudadanos, por la instalación del referido paso peatonal y los problemas que está ocasionando a los vehículos. Molestia que ha sido respondida por el alcalde en el sentido de que se van a instalar más de esos pasos peatonal en cada uno de los cruces de cebra que hay en la ciudad en aras de cuidar a los “transeúntes de que no sean atropellados”. Y afirma que la obra fue financiada por el Grupo Arhe, pero que es promovida por el Ayuntamiento. Hasta aquí la descripción del contexto. ¿Qué se desprende de lo anterior? Veamos.

Ignoro si la respuesta del alcalde tiene que ver un plan previamente conformado, o si en cambio su respuesta es “a bote pronto” ante el cuestionamiento del reportero que le hizo la entrevista; pero me parece apresurado afirmar que se va a construir ese tipo de obras en la ciudad cuando ello tendría que ser resultado de un proyecto de desarrollo urbano de la ciudad; es decir, toda obra debe encajar en el proyecto de desarrollo urbano de una ciudad. Si ese no es el caso, se desperdiciarían recursos financieros.  

En México no es muy común escuchar de parte de una autoridad –en los tres niveles de gobierno- que “no se va a gastar el dinero de los contribuyentes en consideraciones que no le van a beneficiar a la sociedad en su conjunto”; pero así debería operar el ejercicio del presupuesto público. Lo que ocurre en los hechos, es que el gobernante decide “por cuenta propia”, en qué se va a gastar el dinero de los contribuyentes. Y estos últimos, que son los que aportan los ingresos con el pago de los impuestos, no tienen voz alguna en la forma en que se ejerce el presupuesto.

Ahora bien, ¿por qué se decide construir este tipo de obras en la ciudad? Por la falta de cultura vial de parte de los automovilistas. El paso peatonal obliga a los conductores a reducir la velocidad, cuando debería ser el propio señalamiento del límite máximo de velocidad el que tendría que obligar al conductor a moderar la velocidad. ¿Y por qué ocurre? Porque cuesta respetar las reglas. Ergo pues, la apuesta tendría que ser en lo referente a la construcción de la cultura vial y no en la construcción de pasos peatonales que generarían un gasto de recursos públicos. Recursos que son de suma necesarios en áreas como las escuelas.

Y aquí se inserta un concepto clave. El concepto de política pública. ¿Y a qué hace referencia el concepto? En términos generales, al conjunto de mecanismos que se utilizan por parte del poder público para enfrentar un problema –también- de orden público. Y el conjunto de mecanismos que se utilizan va a depender de la forma como el gobernante “concibe” o “entiende” el problema que tiene enfrente. Y esa concepción no solamente es determinante para enfrentar el problema, sino sobre todo en lo concerniente a los costos financieros que generará.  

El gobierno que se ejerce a través de las políticas públicas es el gobierno que integra la “Ciencia” en el ejercicio del poder, porque involucra investigación, planificación, ejecución y medición de resultados. Y es la mejor vía para conducir un proyecto de gobierno.

En el caso que nos ocupa, -el paso peatonal- está siendo concebido como una medida para prevenir que un peatón sea atropellado. ¿No hay otra vía de enfrentar el problema? Claro que sí. La educación vial y la aplicación de la ley. La primera es una medida de largo plazo; pero es la que mejor resultados genera con el tiempo. La segunda conlleva una interrogante: ¿por qué en nuestro país el ciudadano no teme incumplir la ley como sí sucede con los ciudadanos en los Estados Unidos? Porque allá sí funciona el sistema de justicia, se dirá. Y si eso es así, ¿qué acaso no nos sale más barato –hasta financieramente hablando- hacer funcionar nuestro sistema de justicia para que el ciudadano se la piense dos veces si viola la ley? Esto también es un asunto de largo plazo. Y conlleva que sea asumido –al igual que el primer punto-, de forma prioritaria a nivel nacional y transexenalmente.

En lo local, la apuesta debe ser por la educación vial. Si no se hace así, nos costará –y nos seguirá constando en el futuro-, una cantidad enorme de recursos financieros porque se tendrán que hacer obras y más obras públicas para “cuidar al peatón”. La clave está en la “educación”, no en el cemento.

Estamos viendo un ejemplo en minúsculo –un paso peatonal-, pero este ejemplo, si lo situamos en perspectiva, nos traslada a un problema de mayor nivel: la concepción del ejercicio de gobierno.

Soy de los que piensa que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres puede hacer un muy buen segundo periodo de gobierno. La clave va a estar en la cualificación del capital humano que integre a su próximo gabinete. Necesita planificar estratégicamente. Y para ello requiere de un equipo de trabajo cualificado. Para que desarrolle con ese equipo, un gobierno sustentado en la política pública.

Dejo en el tintero lo siguiente: ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el caso de un asalto o algún otro hecho delictivo que se cometiera en la ciudad, las patrullas tuviesen que ir a una alta velocidad y tuviesen que pasar, a su vez, por alguno de esos pasos peatonales? ¿No causarían esto último un accidente mayúsculo que pondría en riesgo a la población que en ese momento transita por ese lugar? O ya no digamos una patrulla, sino a una ambulancia.

Insisto: si no se planea de forma adecuada, una medida puede generar otros problemas que no aparecían inicialmente. Por eso la importancia de la política pública. El ejercicio del poder demanda la aplicación de la Ciencia. Eso es lo que genera un beneficio tanto para el gobernante –en el respaldo de la población- como en los ciudadanos.